Agenda corta… de vista

Por Jorge Bofill Genzsch

El Mercurio 

Miércoles 6 de enero de 2016

Jorge Bofill y Julián López: “La concepción general del proyecto desafía una vez más el diagnóstico ampliamente compartido conforme al cual los problemas de las políticas de persecución penal no se encuentran en la ley, sino en la gestión de las instituciones y en la falta de coordinación entre el trabajo de los fiscales y el de las policías…”.

El Congreso se encuentra tramitando el segundo proyecto de ley de un gobierno de la Presidenta Bachelet que lleva el título de “Agenda Corta Antidelincuencia”; entonces, el título no tiene nada de original. Pero además puede resultar engañoso, porque no existe ninguna “agenda larga” en desarrollo. Paradójicamente, si algo justifica el nombre del proyecto, ese no es otra cosa que lo corto de vista que está el mundo político frente al fenómeno de la delincuencia.

 Lo que más llama la atención esta vez es que la miopía ni siquiera les permite a los políticos observar cómo las normas propuestas generan problemas ya resueltos en el pasado o, peor aún, alteran el sentido de las herramientas que el sistema de persecución penal ofrece para la investigación y sanción de los delitos.

 El primer tipo de problema se manifiesta, por ejemplo, en la propuesta sobre control de identidad, porque si bien el mundo político declara, en general, estar en contra de la detención por sospecha, la Cámara de Diputados aprobó una propuesta que autorizaría a las policías a realizar ese tipo de controles “cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente”. Dado que, según indica el sentido común, la gente que camina por la calle no tiene una apariencia distinta con o sin una orden de detención pendiente a cuestas, ¿puede alguien dejar de notar que esta disposición simplemente habilitaría a la policía para controlar a cualquier persona por las mismas razones que han hecho siempre indeseable la detención por sospecha?

 A su vez, el segundo tipo de problema se manifiesta en una de las indicaciones de los senadores Espina, Harboe y Larraín, que apunta a ampliar las hipótesis de aplicación de medidas especialmente intrusivas, como la interceptación telefónica, filmaciones y grabaciones subrepticias, entregas vigiladas y agentes encubiertos no solo para la investigación de delitos que tengan pena de crimen -esa es la regla actual-, sino también para un nuevo catálogo que incluye hasta el delito de manejo en estado de ebriedad.

 Dado que la interceptación de comunicaciones telefónicas y las filmaciones y grabaciones subrepticias han sido consideradas, tradicionalmente, como medios adecuados para combatir el crimen invisible -esto es, aquellos delitos que no ofrecen manifestaciones externas ni generan víctimas concretas-, ¿qué tipo de consideraciones podría estar impulsando a nuestros legisladores a promover que un delito de esta naturaleza fuera investigado a través de estas medidas?

 ¿Es esto pura desprolijidad legislativa, o se está pensando en serio en crear un mundo en el que sea legal instalar cámaras ocultas en lugares privados y enviar agentes encubiertos para detectar y sancionar a los bebedores excesivos que se atrevan a tomar el volante? Porque incluso si así fuere y los legisladores pretendieran autorizar el uso de estas herramientas respecto de otros delitos con independencia de la pena asociada a ellos, ¿cómo no observan que sería mucho más sensato permitir que ellas se utilicen en el marco de investigaciones por delitos de corrupción, y afecten, v. gr., a los funcionarios públicos sospechosos de haber transgredido la ley o aceptado sobornos para cumplir su función pública?

 Ejemplos aparte, lo peor es que la concepción general del proyecto desafía una vez más el diagnóstico ampliamente compartido conforme al cual los problemas de las políticas de persecución penal no se encuentran en la ley, sino en la gestión de las instituciones y en la falta de coordinación entre el trabajo de los fiscales y el de las policías. Y, sin embargo, el Gobierno y los parlamentarios parecen querer insistir en combatir exitosamente la delincuencia modificando otra vez la ley, un camino intentado sin éxito muchas veces en nuestra reciente historia legislativa.

 A Albert Einstein se le atribuye haber dicho que “la locura consiste en hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. Aunque es probable que la idea no le pertenezca, esa frase resume -con una genialidad que sí podría ser suya- lo que se puede decir y esperar del nuevo proyecto de Agenda Corta Antidelincuencia.

 Jorge Bofill G.

Julián López M.